Los ciudadanos bolivianos acudieron a las urnas el domingo para participar en una elección poco común: la selección de los nuevos jueces del país, un proceso que se realiza cada seis años. Sin embargo, la apatía y el desinterés marcaron la jornada electoral, a pesar de tratarse de un mecanismo clave para garantizar la independencia del poder judicial en Bolivia.

Una participación ciudadana deslucida

A pesar de la importancia del evento, los votantes mostraron escaso interés y muchos cuestionaron el valor real del proceso. A lo largo del día, se reportaron varios centros de votación con baja asistencia. Esta falta de entusiasmo se refleja en el contexto político actual de Bolivia, donde la confianza en las instituciones ha sido históricamente baja.

“Este proceso debería ser una oportunidad para mejorar nuestra justicia, pero ¿cuántas personas realmente creen en él?” mencionó uno de los votantes entrevistados a las afueras de un centro de votación en La Paz.

Organizaciones de la sociedad civil han expresado sus dudas sobre la transparencia de la selección de candidatos y las verdaderas posibilidades de lograr un cambio efectivo en el sistema judicial. Muchos ciudadanos consideran que este proceso no aborda adecuadamente los problemas estructurales que enfrenta la justicia en el país.

Estadísticas preliminares indican lo siguiente respecto a la participación en estas elecciones:

• La participación fue considerablemente menor que en elecciones generales.
• En algunas regiones, apenas un tercio del electorado acudió a votar.
• En comparación con la elección anterior de jueces, la afluencia de votantes ha disminuido notablemente.

Las bajas cifras de participación son reflejo de una falta de confianza en que la elección de jueces lleve a un cambio significativo en el aparato judicial. Además, las críticas se centran en la percepción de que los candidatos no fueron seleccionados con la debida transparencia y que muchos aún están vinculados con intereses políticos.

A medida que se esperan los resultados oficiales, el proceso ha generado un debate nacional sobre la necesidad de reformas más profundas en el sistema judicial boliviano, que garanticen no sólo la independencia de los jueces, sino también mecanismos que