Recientemente, expertos y organismos de la sociedad civil han subrayado la importancia de avanzar con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en México, una legislación diseñada para mejorar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública, incluyendo peatones, ciclistas y automovilistas. Esta ley, promulgada en 2021, busca armonizar las regulaciones a nivel nacional y reducir los accidentes de tránsito que, lamentablemente, cobran miles de vidas cada año en el país.

La Urgencia de Implementar la Ley

La implementación de esta ley es vista como crucial por sus proponentes, ya que establece bases para la creación de políticas públicas encaminadas a garantizar una movilidad segura, accesible y sostenible. En un foro reciente, expertos destacaron la necesidad de que las entidades federativas y municipales trabajen conjuntamente para implementar las disposiciones de la ley de manera uniforme. La falta de aplicación coherente ha sido uno de los problemas que enfrentan los esfuerzos por mejorar la seguridad vial.

Cifras reveladas durante el evento destacan la magnitud del reto:

• Cada año, aproximadamente 16,000 personas pierden la vida en accidentes viales en México.
• Los incidentes relacionados al tránsito cuestan el equivalente al 1.7% del PIB.

Los defensores de la ley enfatizan que no se trata únicamente de multas y reglamentaciones estrictas, sino de un cambio cultural en la forma en que se percibe la movilidad urbana. Parte de la visión es priorizar al peatón y al ciclista en las políticas de desarrollo urbano.

“Es imperativo que cambiemos nuestra mentalidad y nos enfoquemos en crear ciudades más seguras y amigables para todos los usuarios de la vía pública”, señaló uno de los participantes del foro.

Además, se mencionó la necesidad de adoptar un enfoque basado en la evidencia para las políticas de seguridad vial, utilizando datos para asignar recursos de manera más eficaz y mejorar las infraestructuras viales. La ley también busca establecer mecanismos de financiamiento que permitan a las ciudades mexicanas invertir en proyectos de infraestructura que prioricen la seguridad y la movilidad sustentable.

Por tanto, avanzar con esta ley no solo representa un paso hacia la