En un reciente fallo, el Instituto Nacional Electoral (INE), junto con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y diversos congresos estatales, han recibido la orden de detener cualquier procedimiento relacionado con la elección de jueces y magistrados en el país. La determinación, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), surge en respuesta a varios amparos interpuestos en contra de ciertos artículos de la Ley de Carrera Judicial.

Decisión de la Suprema Corte

La SCJN declaró que los artículos en cuestión podrían estar violando la Constitución Mexicana. Este dictamen está basado en argumentos que sugieren que dichos artículos no garantizan adecuadamente la independencia judicial y abren la puerta a posibles intervenciones indebidas por parte del Ejecutivo y Legislativo.

Las autoridades mencionadas deberán abstenerse de continuar con cualquier procedimiento de selección hasta que se resuelvan los amparos. Según el fallo, la suspensión no implica una declaración definitiva sobre la constitucionalidad de los artículos, sino que busca prevenir posibles afectaciones irreparables a la independencia del Poder Judicial.

La SCJN explicó que esta medida es necesaria para preservar el principio de imparcialidad y autonomía que debe regir el sistema judicial mexicano. Además, la decisión destaca que permitir la continuidad de los procesos de selección bajo las normas actuales podría derivar en nombramientos que comprometan dichos principios.

“Es fundamental mantener la independencia del Poder Judicial para asegurar una impartición de justicia libre de presiones e influencias externas”, señaló un vocero de la SCJN.

Para contextualizar, algunos de los argumentos que han llevado a la suspensión incluyen preocupaciones sobre:

• La posible injerencia del Ejecutivo en la selección de jueces y magistrados.
• La falta de transparencia en los procedimientos de nombramiento.
• La vulnerabilidad del sistema judicial ante presiones políticas.

La respuesta de los otros poderes del gobierno no se ha hecho esperar. Mientras algunos legisladores han manifestado su desacuerdo con la medida, argumentando que retrasa la implementación de una reforma necesaria, otros abogan por una revisión integral de la Ley de Carrera Judicial para asegurar su conformidad con la Constitución.