La reciente implementación del “botón de alerta” por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) ha generado críticas y dudas sobre su efectividad para enfrentar las deportaciones en México. Este mecanismo se presentó como una medida para mejorar la comunicación y ofrecer asistencia inmediata a los migrantes que enfrentan deportación inminente. Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos y expertos en migración han cuestionado su funcionalidad y utilidad real.
Controversia en torno al “botón de alerta”
El “botón de alerta” está disponible en la aplicación oficial del INM y se activa cuando un migrante siente que está en riesgo de ser deportado. Al presionar el botón, se envía una señal al INM y a asociados que pueden proporcionar asistencia jurídica. No obstante, la principal crítica es la falta de claridad sobre el seguimiento de los casos y la respuesta que se brinda tras la activación de la alerta.
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova han señalado que, hasta ahora, no hay evidencia de que el mecanismo esté funcionando efectivamente para proteger a los migrantes. Se argumenta que el botón podría crear una falsa sensación de seguridad sin proporcionar una ayuda tangible.
Ana Rojas, portavoz del centro, afirmó: “El botón no sustituye la necesidad de políticas de protección más robustas y efectivas que realmente defiendan los derechos de los migrantes”.
- El INM afirmó que el botón ha sido activado en al menos 500 ocasiones desde su lanzamiento.
- Hasta 20 organizaciones han criticado públicamente esta iniciativa.
Mientras tanto, los migrantes continúan enfrentando retos significativos en su tránsito por México, y según estadísticas recientes, las deportaciones han aumentado un 15% en el último año. Las críticas al botón de alerta subrayan la necesidad de medidas más efectivas y una atención realista a los problemas migratorios.
Ante la controversia, el INM ha señalado que está abierto a recibir sugerencias de mejora para la herramienta y que está comprometido en garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes que cruzan por el país.
