La prima del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Margarita Alberto Marroquín, ha sido designada como delegada de Programas para el Desarrollo en el estado de Nuevo León. Esta decisión ha generado controversia debido al parentesco con el mandatario, aunque el gobierno federal sostiene que su experiencia en la administración pública justifica su nombramiento.

Reacciones y Contexto

Al respecto, y a través de un comunicado, la Secretaría de Bienestar explicó que Margarita Alberto Marroquín cuenta con una trayectoria destacada en la administración pública, lo que la hace apta para liderar los programas sociales en Nuevo León. La dependencia asegura que su misión será coordinar los programas federales de bienestar en la entidad con el objetivo de garantizar una distribución equitativa de los recursos.

“El nombramiento de Margarita Alberto Marroquín se debió a su experiencia y compromiso con los objetivos de la Cuarta Transformación,” afirmó la dependencia en el comunicado.

Sin embargo, esta decisión no ha sido bien recibida por todos. Diversos actores políticos y analistas han manifestado su preocupación por un posible conflicto de intereses. Argumentan que la designación podría interpretarse como un acto de nepotismo, afectando la percepción de imparcialidad y transparencia en el gobierno federal.

De acuerdo con los registros oficiales, Margarita Alberto Marroquín ha ocupado varios cargos en la administración pública antes de su reciente nombramiento, entre ellos:

• Directora General de Programas Sociales en la Secretaría de Bienestar.
• Coordinadora de Programas Integrales de Desarrollo en Veracruz.
• Asesora en la Cámara de Diputados.

El partido de oposición, PAN, ya ha solicitado una investigación sobre el nombramiento, argumentando que puede haber un favoritismo indebido en la designación de la prima de AMLO para este cargo. A través de un comunicado, el partido pidió que se revisen los criterios utilizados para su designación y que se transparente el proceso.

En tanto, el gobierno federal ha reafirmado su postura de que el nombramiento es legítimo y que seguirán trabajando para asegurar que los programas de bienestar lleguen a quienes más lo necesitan.