En un esfuerzo por abordar las preocupaciones ambientales y avanzar en el desarrollo energético sostenible, el sector privado en México ha solicitado a las autoridades federales que se agilicen los procesos para la conclusión de proyectos de energía limpia. Estos proyectos, que han enfrentado una serie de retrasos regulatorios, son considerados cruciales para impulsar una transición hacia formas más ecológicas de generación eléctrica en el país.

Apoyo del sector privado

La petición surge en el contexto de un creciente interés global por mitigar el cambio climático mediante la adopción de energías renovables. Empresas y organizaciones del sector energético han expresado su frustración ante lo que perciben como trabas burocráticas que impiden el desarrollo eficiente de proyectos ya planeados y financiados.

Un representante de la industria expresó su preocupación diciendo:

“Es fundamental que México aproveche su potencial en energías renovables, como la solar y eólica, para garantizar un futuro energético sostenible y competitivo”.

La demora en la implementación de estos proyectos, según indican, no solo afecta la competitividad de México en el sector energético, sino que también limita la capacidad del país para cumplir con sus compromisos internacionales en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Entre los proyectos paralizados se encuentran iniciativas que podrían aportar significativamente a la capacidad instalada de energía limpia en México, contribuyendo al objetivo de aumentar la participación de energías renovables en el total de la generación eléctrica.

Las estadísticas señalan que varias plantas de energía renovable en el país están operando por debajo de su capacidad potencial debido a estos retrasos. Se estima que:

• Más de 20 proyectos de energía renovable están actualmente en pausa.
• Estos proyectos representan una inversión conjunta superior a los 6,000 millones de dólares.
• Se prevé que juntos podrían añadir al menos 2,000 megavatios al sistema eléctrico nacional.

El llamado a la acción busca crear un diálogo más fluido entre el gobierno y el sector privado para resolver impedimentos y acelerar el proceso de permisos, con la confianza de que así se logre un impacto positivo en el medioambiente y en la economía del país.