La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso de la Ciudad de México un paquete de leyes secundarias que buscan implementar la reforma judicial aprobada previamente. Este paquete legislativo tiene como objetivo fortalecer el sistema judicial de la capital mexicana mediante cambios estructurales significativos en su funcionamiento.

Novedades en el sistema judicial

Las leyes secundarias propuestas por Sheinbaum abarcan diversas áreas críticas del sistema judicial. Su principal intención es mejorar los procesos legales, asegurando mayor eficacia, transparencia y acceso a la justicia para los capitalinos. En palabras de Sheinbaum, estas reformas están diseñadas para crear un “sistema más justo y efectivo”.

Entre las propuestas sobresalen:

• La creación de un sistema de defensoría pública más robusto que garantice asistencia legal adecuada para aquellos que no pueden costear un abogado privado.
• La implementación de nuevas tecnologías para mejorar la gestión y el seguimiento de los casos judiciales, lo que ayudará a reducir demoras indebidas.
• Reformas en la capacitación y selección de jueces para asegurar imparcialidad y profesionalismo en el desempeño de sus funciones.
• Normas más estrictas para prevenir y sancionar actos de corrupción dentro del sistema judicial.

Claudia Sheinbaum enfatizó la importancia de estas leyes en un contexto donde la ciudad enfrenta desafíos únicos en términos de criminalidad y acceso a la justicia. En sus declaraciones, afirmó:

“Esta reforma es un paso fundamental hacia un sistema judicial que realmente funcione para todas y todos, sin importar su condición económica o social.”

El paquete de leyes ahora será revisado por el Congreso de la Ciudad de México, donde se espera un debate intenso sobre los detalles específicos de cada propuesta. Los legisladores tendrán la tarea de evaluar cada aspecto de la reforma para asegurarse de que se alinee con las necesidades y las expectativas de los ciudadanos.

El éxito de estas reformas puede depender en gran medida de la colaboración entre las diversas instituciones implicadas, así como del apoyo que reciban por parte de los ciudadanos y los expertos en derecho. Al entenderse la magnitud de estos cambios, se espera que se genere un impacto positivo