En un hecho que ha causado revuelo en el estado de Sinaloa, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo un operativo en el que decomisaron vehículos blindados a dos exalcaldes de la región. El propósito de la incautación fue investigar el uso indebido de recursos públicos, ya que estos vehículos estaban siendo utilizados por funcionarios sin una justificación clara dentro de sus funciones oficiales.

Detalles del Operativo

El decomiso de los vehículos se realizó en el marco de un operativo que busca asegurar que los recursos destinados a la seguridad y protección de funcionarios públicos se empleen de manera adecuada. Según reportes preliminares, los vehículos incautados no contaban con la documentación necesaria que justificara su uso por parte de los exalcaldes involucrados.

De acuerdo con las autoridades, los vehículos blindados son parte de un lote que fue adquirido para mejorar la seguridad de altos funcionarios, pero su uso ha generado controversia. La investigación busca determinar si los exalcaldes involucrados utilizaron estas unidades de manera personal o para actividades ajenas a sus responsabilidades oficiales.

Al respecto, un portavoz de la Fiscalía General del Estado mencionó:

“Estamos comprometidos con garantizar la transparencia y el uso correcto de los recursos del estado. Este operativo es parte de un esfuerzo más amplio para erradicar cualquier acto de corrupción en el manejo de los bienes públicos”.

Entre los datos obtenidos, se logró identificar que los vehículos incautados:

• No contaban con la documentación adecuada.
• Estaban al servicio de exfuncionarios municipales.
• No tenían un registro claro de uso en actividades oficiales.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para evaluar si hay más vehículos en uso indebido y si se presentan cargos en contra de los funcionarios involucrados. Este operativo es una respuesta a la demanda pública de mayor responsabilidad en el manejo de los recursos estatales y busca enviar un mensaje claro en contra de la corrupción. La población sinaloense sigue de cerca el proceso esperando que se aclaren todas las dudas respecto al uso de estos bienes.