La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso una multa de 437 millones de pesos a diversas empresas gasolineras por haber manipulado precios en el mercado de combustibles en México. Esta sanción responde a prácticas anticompetitivas detectadas en distintas regiones del país, donde se concluyó que las compañías sancionadas acordaron fijar precios de venta al público, afectando así a los consumidores.
Prácticas anticompetitivas
La investigación realizada por la Cofece reveló que estas empresas establecieron acuerdos para determinar los precios de venta al público, lo que representa una violación a las normativas vigentes de competencia económica. La institución destacó la importancia de que el mercado funcione de manera libre y competitiva, ya que de esta manera se garantiza que los consumidores tengan acceso a precios justos y productos de calidad.
El proceso de investigación llevó varios meses y demostró la existencia de acuerdos entre competidores para manipular el mercado. Se alcanzó esta conclusión mediante el análisis de registros y comunicaciones entre las compañías involucradas, lo que permitió a la Cofece confirmar una colusión entre estas empresas.
La presidenta de la Cofece, Brenda Hernández, señaló:
“Las prácticas anticompetitivas como las que hemos detectado no solo perjudican a los consumidores, sino que también afectan el funcionamiento eficiente del mercado. Estas sanciones deben servir como advertencia para quienes intenten vulnerar los principios de competencia económica.”
Las multas se distribuyeron entre varias empresas del sector, cubriendo diferentes regiones donde se detectaron las infracciones. El desglose de las multas incluye:
- Empresa A: 150 millones de pesos
- Empresa B: 120 millones de pesos
- Empresa C: 100 millones de pesos
- Otras empresas: 67 millones de pesos
Con esta acción, la Cofece busca no solo sancionar a las empresas que han incurrido en acciones ilegales, sino también prevenir futuros intentos de manipulación en el mercado de combustibles. La entidad reafirma su compromiso con la protección de los consumidores y el fomento de prácticas transparentes en el ámbito económico.