En un acto de violencia que ha conmocionado a la comunidad jurídica del país, la abogada penalista Cecilia Monzón fue asesinada mientras conducía su vehículo sobre el Viaducto Miguel Alemán, uno de los corredores viales más transitados de la Ciudad de México. El suceso ocurrió en horas de la tarde del pasado domingo, generando una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia en la zona.

Detalles del incidente y reacción inmediata

Testigos en el lugar relataron que dos individuos a bordo de una motocicleta se aproximaron al automóvil de Monzón, y sin mediar palabra, realizaron múltiples disparos antes de huir del lugar. La víctima, reconocida por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y por llevar casos de alto perfil, perdió la vida al instante.

Las autoridades locales, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, han iniciado una investigación exhaustiva para dar con los responsables del homicidio. Se ha montado un operativo en el que participan equipos de inteligencia y de análisis de cámaras de seguridad para identificar la ruta de escape de los agresores.

La comunidad legal ha expresado su consternación y llamado a las autoridades para redoblar esfuerzos en garantizar la seguridad de los profesionales del derecho, especialmente aquellos involucrados en casos sensibles. En una declaración emitida por el Colegio de Abogados, se demandó justicia pronta y expedita.

“Este cobarde acto no puede quedar impune. Exigimos a las autoridades que se haga justicia y se protejan los derechos fundamentales de quienes laboran en el ámbito jurídico”, sentenciaron voceros del Colegio.

El asesinato de Cecilia Monzón pone de manifiesto una problemática que, a lo largo de los últimos años, no ha mostrado señales de mejorar significativamente.

• En 2022, se reportaron múltiples ataques a profesionales del derecho en el país.
• La tasa de homicidios en el ámbito jurídico se ha incrementado, alarmando a diversas asociaciones civiles.

Este trágico evento subraya la urgencia de implementar estrategias efectivas para la protección de quienes se dedican a la defensa de la ley y los derechos humanos en México. Muchos