Recientemente, el ambiente político en México se ha visto sacudido por acusaciones de persecución política hacia varios jueces y magistrados. Claudia Sheinbaum, ex Jefa de Gobierno de Ciudad de México y actual aspirante a la presidencia, ha sido señalada por algunos funcionarios judiciales de orquestar una campaña de presión sobre el Poder Judicial.
El origen de las acusaciones
Todo comenzó cuando varios magistrados y jueces reportaron haber recibido presiones relacionadas con sus decisiones judiciales. Según estos funcionarios, han sido objeto de vigilancia y hostigamiento debido a su labor impartiendo justicia en casos de alto perfil. En respuesta, Sheinbaum ha negado categóricamente estas acusaciones y ha asegurado que valora la independencia del Poder Judicial.
Algunos analistas argumentan que estas tensiones podrían tener implicaciones de largo alcance para el sistema judicial mexicano. La independencia de la judicatura es un principio fundamental en cualquier democracia, por lo que cualquier intervención política en este ámbito levanta alarmas y podría afectar la percepción pública sobre la justicia en México.
Los informes indican que las presiones escalaron en una serie de casos donde las decisiones no fueron favorables para el gobierno de Ciudad de México durante la administración de Sheinbaum. Estos casos han generado un debate nacional sobre la separación de poderes y la autonomía judicial.
Entre las preocupaciones expresadas por los jueces y magistrados, se encuentran las siguientes estadísticas:
- Un incremento del 30% en la vigilancia de los casos judiciales sensibles.
- Más de 20 jueces que han reportado presiones directas relacionadas con sus casos.
- Un 15% de aumento en las quejas administrativas contra jueces por su conducta en el último año.
Un juez, que prefirió permanecer en el anonimato, comentó:
“La independencia judicial es fundamental para la democracia, y cualquier intento de socavarla debe ser investigado y condenado”.
Por su parte, Claudia Sheinbaum sostuvo que estas acusaciones forman parte de una estrategia política para debilitar su candidatura. Aseguró que su administración siempre respetó la legalidad y la autonomía de las