Los miembros del Consejo de la Judicatura Federal han decidido reanudar el paro de labores en el Poder Judicial tras concluir una asamblea en la que evaluaron los efectos de las medidas de austeridad impulsadas por el Ejecutivo. Esta decisión responde a la inquietud y molestias que han surgido entre los trabajadores del sector judicial debido a la propuesta de recortes presupuestales que consideran pueden afectar la calidad del servicio.

Reacciones del sector judicial

La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces criticó fuertemente la iniciativa gubernamental. Un portavoz de la asociación declaró:

“Las medidas propuestas no solo comprometen nuestra autonomía, sino que también pueden poner en riesgo la justicia pronta y expedita a la que tienen derecho todos los ciudadanos”.

La preocupación principal es cómo estas medidas afectarán la operatividad diaria del sistema judicial, que ya enfrenta numerosos desafíos.

En el foro, varios magistrados expresaron sus opiniones, resaltando la necesidad de mantener la autonomía financiera para asegurar el correcto funcionamiento de los juzgados y tribunales. Además, se destacó que los recortes podrían retrasar significativamente los procesos judiciales, perjudicando a millones de mexicanos que dependen del sistema de justicia para resolver sus conflictos.

• 63% de los miembros del personal judicial consideran que el presupuesto actual es insuficiente para satisfacer las demandas actuales.
• 45% de las oficinas judiciales reportan un déficit en infraestructura y recursos humanos.
• Se estima que más de 10,000 casos podrían enfrentar retrasos si se implementan los recortes.

Los trabajadores del Poder Judicial han manifestado su apoyo a la reactivación del paro y han organizado protestas en las principales ciudades del país. La comunidad judicial hace un llamado al Ejecutivo para que reconsidere las propuestas y mantenga un diálogo abierto en busca de soluciones que no comprometan el acceso a la justicia.

El paro, que entrará en vigor la próxima semana, busca presionar al Gobierno para que se retracte de las modificaciones presupuestales previstas para el próximo año. La expectativa es que las autoridades reconsideren la postura actual para evitar mayores afectaciones al sistema de justicia mexicano.