En un movimiento significativo, el Senado de México aprobó elevar a rango constitucional diversos programas sociales conocidos como Programas del Bienestar. Esta decisión busca garantizar que estos programas continúen siendo una prioridad para el gobierno, independientemente de cambios administrativos futuros.
Programas sociales protegidos constitucionalmente
La reforma implica que programas como la Pensión para el Bienestar, las becas educativas y las ayudas para personas con discapacidad sean considerados derechos constitucionales. Esto incluye:
- Pensión para adultos mayores
- Becas para estudiantes de escasos recursos
- Apoyo para personas con discapacidad
Con esta medida, se pretende que los recursos sean garantizados y no dependan exclusivamente de decisiones presupuestarias anuales. La senadora Antares Vázquez Alatorre expresó que esta decisión garantiza el apoyo a grupos vulnerables de manera permanente.
“Esta reforma asegura que nuestros adultos mayores, jóvenes estudiantes y personas con discapacidad tengan el respaldo necesario, sin importar quién esté en el poder,” comentó la senadora.
Los cambios constitucionales se aprobaron con una votación mayoritaria en el Senado. Según las estadísticas del gobierno, durante el actual sexenio, se ha logrado un incremento sustancial en el número de personas beneficiadas por estos programas:
- La Pensión para el Bienestar ha alcanzado a más de 9 millones de adultos mayores.
- Más de 11 millones de estudiantes reciben algún tipo de beca educativa.
- Cerca de un millón de personas con discapacidad reciben apoyo mensual.
La protección constitucional busca asegurar que estos programas no puedan ser eliminados fácilmente por futuros gobiernos. Además, se establece un compromiso legal para el estado de continuar financiando estos apoyos.
Los críticos de la medida, sin embargo, argumentan que al elevar estos programas a rango constitucional, se podría restringir la flexibilidad presupuestaria del gobierno. No obstante, los defensores insisten en que la inversión en el bienestar social debe permanecer como una prioridad nacional.
Con la aprobación final, México da un paso firme hacia la consolidación de un estado de bienestar social, asegurando que el apoyo a los sectores más vulnerables de la
