El nombramiento del exministro Arturo Zaldívar en el Comité Técnico del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM ha generado controversia debido a posibles conflictos de interés. Zaldívar, quien preside el comité, fue designado a pesar de las objeciones de expertos y académicos que señalan su cercana relación con el gobierno actual.
Polémica en la UNAM
La inclusión de Zaldívar ha suscitado críticas dentro de la comunidad académica, algunos argumentan que su cercanía con la administración federal podría sesgar la independencia del comité. Esta percepción se sustenta en su desempeño anterior como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde en ocasiones fue percibido como favorable al gobierno de López Obrador.
Entre las preocupaciones destacadas por algunos expertos se encuentran las siguientes:
- Posible influencia del gobierno federal en las decisiones del PUDH.
- Riesgo de comprometer la autonomía universitaria.
- Cuestionamientos sobre la transparencia en el proceso de selección de Zaldívar.
Varios académicos han citado la necesidad de proteger la imparcialidad y la autonomía de las instituciones universitarias frente a presiones externas. Un experto señaló que la relación de Zaldívar con la política actual podría ser problemática para el trabajo del comité en temas de derechos humanos.
“La participación de Zaldívar podría comprometer la autonomía del comité al alinearse con intereses gubernamentales,” comentó un investigador de la UNAM que prefirió permanecer anónimo.
Ante esta situación, organizaciones de derechos humanos y agrupaciones estudiantiles han solicitado mayor transparencia en las decisiones de la universidad. Además, hacen un llamado a garantizar que las designaciones en posiciones clave sean efectuadas con criterios estrictos de independencia y mérito académico.
En respuesta a estas preocupaciones, la UNAM ha enfatizado su compromiso con los principios de autonomía y libertad académica. No obstante, el debate sigue abierto y es un reflejo de las tensiones existentes entre el gobierno y las instituciones académicas en México.