En el Senado de México se evaluará una propuesta de reforma que busca facultar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para investigar delitos, una tarea que hasta la fecha ha estado reservada principalmente a las fiscalías y las procuradurías. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer las capacidades del gobierno en la lucha contra el crimen y mejorar la seguridad pública en el país.
Propuesta de reforma
La propuesta busca que la SSPC tenga un rol más activo en la investigación de delitos, especialmente en aquellos relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Este cambio se considera necesario dado el incremento en la incidencia delictiva en diversas regiones del país. Algunos críticos argumentan que tal medida podría solapar funciones con otras instituciones, pero los promotores creen que esto permitirá una respuesta más rápida y efectiva ante situaciones críticas.
“La intención es dotar a la SSPC de mayores herramientas para que pueda responder de manera eficiente a los retos de seguridad que enfrenta México”, afirmó un senador promotor de la reforma.
El proyecto de reforma también busca establecer un marco jurídico claro que oriente la actuación de la SSPC al momento de llevar a cabo investigaciones, garantizando así el respeto a los derechos humanos y el debido proceso.
El análisis de esta reforma llega en un contexto en el que las cifras de criminalidad muestran una situación preocupante. Según datos oficiales, durante el último año se han registrado incrementos en diversos tipos de delitos:
- Homicidios dolosos: aumento del 5%
- Secuestros: aumento del 8%
- Extorsiones: aumento del 10%
La discusión en el Senado incluirá diversas audiencias y consultas con expertos y funcionarios, lo que permitirá evaluar a fondo las implicaciones de otorgar a la SSPC capacidades de investigación criminal. Estará por verse si esta reforma logra su objetivo de mejorar la seguridad en el país y si su implementación será exitosa sin comprometer la división de responsabilidades entre las diferentes entidades encargadas de la seguridad y justicia en México.