El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha solicitado un aumento del 9% en su presupuesto para el año 2025. Este incremento en los fondos es necesario para fortalecer el sistema de justicia en el país, según las autoridades del poder judicial.
Incrementos presupuestales solicitados
El CJF argumenta que la ampliación presupuestaria es esencial para mejorar tanto la infraestructura como la operatividad de los tribunales federales. De igual manera, se busca destinar recursos al desarrollo de tecnologías que faciliten los procesos judiciales y al fortalecimiento de la seguridad en los juzgados.
- Incremento solicitado: 9% más en comparación con el presupuesto anterior.
- Inversión en infraestructura y tecnología.
- Fortalecimiento de la seguridad en juzgados.
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del CJF, que encabeza esta petición, subrayó la necesidad de que el poder judicial cuente con los recursos necesarios para seguir operando de manera eficiente y transparente. Indicó que con este presupuesto buscan no solo mantener el funcionamiento actual, sino también anticiparse a las futuras demandas que el sistema judicial pueda enfrentar.
“Un sistema de justicia robusto es fundamental para garantizar el estado de derecho y la paz social”, afirmó el ministro.
El incremento presupuestario propuesto será utilizado para contratar más personal judicial, mejorar los servicios proporcionados al público y avanzar en la integración de nuevas tecnologías para agilizar los procesos judiciales. Asimismo, se contempla la capacitación continua del personal para asegurar que manejan las herramientas y conocimientos necesarios para cumplir con su labor.
Es importante señalar que esta petición de incremento debe ser analizada y aprobada por el Congreso de la Unión. Las discusiones al respecto se llevarán a cabo en las próximas sesiones del poder legislativo. El CJF espera que con este aumento, se logre un impacto positivo y significativo en el sistema judicial mexicano. La implementación de estos cambios es vista como un paso crucial hacia la modernización y eficiencia que el país necesita en materia de justicia.