La empresa Vulcan Materials y un grupo de congresistas estadounidenses han solicitado al Presidente Joe Biden que intervenga para evitar la expropiación de una planta de Calica en el estado de Quintana Roo, México.

Antecedentes y situación actual

El Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, anunció recientemente su intención de expropiar la planta de Calica ubicada en Playa del Carmen. La medida ha generado preocupación en Estados Unidos debido a los múltiples intereses económicos que Vulcan Materials tiene en la región.

“Instamos a la Administración Biden a tomar medidas inmediatas para garantizar que se respeten los derechos de propiedad de las empresas estadounidenses en el extranjero,” señalaron los congresistas en una carta enviada al Presidente.

La empresa Vulcan Materials, que opera la planta de Calica, es uno de los principales proveedores de materiales de construcción en América del Norte, y desde hace tiempo tiene operaciones en México. La expropiación, según los congresistas, podría sentar un precedente negativo para las inversiones extranjeras en el país.

Algunos datos relevantes sobre la planta de Calica y Vulcan Materials incluyen:

• La planta ha operado en México por más de 30 años.
• Vulcan Materials proporciona empleo a más de 500 mexicanos en la región.
• La inversión en infraestructura de la planta supera los $100 millones de dólares.

El caso ha escalado rápidamente a nivel diplomático, y funcionarios de ambos países están dialogando para buscar una solución que respete los acuerdos comerciales vigentes. Los congresistas americanos insisten en que una intervención oportuna de la Administración Biden es crucial para proteger los intereses de las empresas estadounidenses.

El gobierno mexicano, por su parte, ha defendido la posible expropiación argumentando que es una medida necesaria para proteger el medio ambiente y regular las actividades industriales en la región.

“Tenemos el deber de proteger nuestros recursos naturales y asegurar que las actividades económicas se lleven a cabo de manera sostenible,” declaró un representante del gobierno de Quintana Roo.

Esta situación pone en el centro del debate las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, así como la protección de los derechos