La Cámara de Diputados en México ha aprobado importantes cambios en materia legal que implican la eliminación del narcomenudeo y la defraudación fiscal de la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Estos cambios han generado un amplio debate entre legisladores, expertos en derechos humanos y el público en general.
Modificaciones al Código Penal
Con la decisión tomada por los diputados, estos dos delitos ya no se considerarán como motivos suficientes para que un juez decrete prisión preventiva automática, lo que significa que los acusados podrían enfrentar su proceso en libertad mientras se determina su culpabilidad o inocencia.
La motivación detrás de estos cambios se centra en aliviar la sobrepoblación en las cárceles del país y garantizar la presunción de inocencia, un principio fundamental recogido por la Constitución mexicana y diversos tratados internacionales. Según algunos legisladores, la medida también busca alinear el sistema judicial con estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Al eliminar el narcomenudeo y la defraudación fiscal de la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, se espera que el sistema de justicia en México se enfoque más en el análisis detallado de cada caso, permitiendo que los jueces tengan mayor libertad y responsabilidad para decidir si un acusado debe permanecer en prisión durante su proceso legal.
“Esto representa un avance significativo hacia la modernización de nuestro sistema judicial, permitiendo que cada situación sea evaluada con el cuidado que merece y sin perjudicar la libertad de los acusados sin previo juicio”, comentó un diputado en el debate del Congreso.
Además de la discusión sobre los principios legales, el debate también ha incluido argumentos sobre la seguridad pública y el riesgo de que los acusados continúen delinquiendo si no son encarcelados. Esta preocupación ha sido respondida con el argumento de que los jueces tienen la capacidad de imponer condiciones estrictas a los acusados en libertad, como el uso de dispositivos electrónicos de seguimiento.
Entre las estadísticas presentadas en el debate se encuentran datos sobre la población penitenciaria de México:
- Aproximadamente el 40% de los internos se encuentra en prisión preventiva.
- Una parte significativa de esta población podría ser liberada bajo las nuevas normativas.
