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Amexgas busca liberar precios del gas LP para fomentar inversión, mejorar servicios y permitir competencia justa que beneficie a usuarios. ¿Es la liberalización la solución adecuada?
Mexico

Impulsores de la liberalización de precios del gas LP en México

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP (Amexgas) ha emprendido una campaña para promover la liberalización de los precios del gas LP en México. Según la asociación, el control actual de los precios limita la capacidad del sector para invertir en infraestructura y mejorar el servicio para los consumidores.

Razones para liberar los precios

Amexgas argumenta que una liberación de precios permitiría a las empresas competir en igualdad de condiciones y ofrecer mejores servicios a los consumidores finales. Alfredo Pinochet, presidente de Amexgas, manifestó que la regulación actual no solo afecta la inversión, sino que también limita las opciones para los usuarios.

“La regulación de precios no refleja las dinámicas reales del mercado ni los costos de operación”, afirmó Pinochet.

La propuesta de Amexgas no es nueva. En los últimos años, la organización ha insistido en la necesidad de permitir un mercado más flexible que se adapte a la oferta y demanda. De acuerdo con la asociación, la competencia entre empresas beneficiaría a los consumidores mediante precios más competitivos y servicios variados.

Amexgas también destacó datos sobre el mercado actual del gas LP en México:

  • El 70% de los hogares mexicanos utilizan gas LP.
  • Existen cerca de 600 empresas distribuidoras en el país.
  • Cerca del 60% del gas LP consumido es importado.

Los representantes de Amexgas aseguran que la intervención gubernamental en los precios fue útil en un inicio para evitar abusos, pero ahora es una barrera para el crecimiento del sector. Por ello, insisten en que la liberalización permitiría un desarrollo más sostenido y un mejor servicio al consumidor.

En contraste, algunos expertos en política energética sostienen que el control de precios es necesario para proteger a los consumidores más vulnerables, quienes podrían verse afectados por tarifas volátiles e impredecibles si se elimina la regulación actual.

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