En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega ha tomado nuevas medidas para fortalecer su control sobre el país, al impulsar reformas que subordinarán a los poderes Legislativo y Judicial bajo su influencia directa. Esto se ha logrado mediante una nueva iniciativa legislativa presentada ante la Asamblea Nacional, donde su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), tiene mayoría.

Concentración del poder

Las reformas propuestas buscan otorgar al Ejecutivo la facultad de nombrar y destituir a jueces y magistrados, reduciendo significativamente la independencia judicial. Esto ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad nicaragüense que consideran que estas medidas consolidan aún más el poder de Ortega.

Según miembros de la oposición, “estas reformas son un paso más hacia la instauración de una dictadura completa, eliminando cualquier tipo de control o contrapeso al poder del presidente Ortega”.

Los críticos argumentan que estas medidas violan la separación de poderes, principio fundamental en cualquier democracia, y temen que con la concentración del poder en manos del Ejecutivo, se debilite el sistema democrático en Nicaragua.

Por otro lado, el gobierno defiende las reformas argumentando que son necesarias para garantizar la “estabilidad y continuidad” del país. Sin embargo, esta visión es rechazada por aquellos que denuncian la creciente represión y falta de libertades en Nicaragua.

• El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), liderado por Ortega, controla más del 70% de los escaños en la Asamblea Nacional.
• Las reformas permitirán al Presidente Ortega un control directo sobre aproximadamente un 95% de los jueces en el país.

La comunidad internacional ha expresado su preocupación por el estado de la democracia en Nicaragua. Organizaciones como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han instado al gobierno de Ortega a reconsiderar estas medidas y a respetar los valores democráticos.

En el contexto de estas reformas, varios países han señalado la importancia de proteger y restaurar la independencia de las instituciones en Nicaragua para asegurar un proceso democrático transparente y justo. A medida que la situación política en el país evoluciona