En Nicaragua, la Asamblea Nacional ha aprobado una serie de reformas que otorgan aún más poderes al presidente Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo, quien también funge como vicepresidenta. Estas reformas constituyen un paso adicional en la consolidación del poder de Ortega y su círculo cercano, lo que ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.

Reformas aprobadas

La mayoría del partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha facilitado la aprobación de estas reformas. Entre los cambios legislativos más significativos se destaca la posibilidad de gobernar mediante decreto en ciertas circunstancias, lo que le otorga al gobierno una mayor capacidad para implementar decisiones sin pasar por el proceso legislativo habitual.

Estas reformas también refuerzan las facultades del Consejo de Defensa y Seguridad, un órgano que ya goza de amplios poderes en el país. Esta serie de modificaciones han sido criticadas por la oposición, quienes argumentan que minan la democracia y concentran el poder en manos de un solo grupo.

• Más del 70% de la Asamblea Nacional está controlada por el FSLN.
• El gobierno de Ortega ha estado en el poder desde 2007.
• El índice de aprobación de Ortega ha variado significativamente en los últimos años.

Expertos en política nicaragüense han señalado que este tipo de reformas fortalecen un modelo autoritario que busca perpetuar a Ortega y Murillo en el poder. La comunidad internacional, incluyendo organizaciones de derechos humanos, ha expresado su preocupación por el deterioro de las instituciones democráticas en el país.

“Estas medidas son otro ejemplo de cómo el régimen de Ortega-Murillo sigue debilitando sistemáticamente las instituciones democráticas en Nicaragua”, declaró un analista político.

A medida que aumenta la concentración de poder, el espacio para la oposición política se reduce dramáticamente. Los líderes opositores continúan siendo objeto de detenciones y represiones, lo que dificulta la creación de un frente de resistencia cohesionado. La situación ha dejado a la comunidad internacional en un dilema sobre cómo responder de manera efectiva, mientras se siguen vulnerando los derechos y libertades de la población nicaragüense.