El exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se ha visto implicado en un caso de presunta corrupción en España, según información reciente difundida por las autoridades españolas. La trama se centra en una empresa dedicada a la construcción y obras públicas, Acciona, que supuestamente habría desviado fondos a paraísos fiscales y financiado campañas políticas en México.

Investigación en curso

Las investigaciones comenzaron a raíz de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales de España, que detectó movimientos financieros sospechosos entre Acciona y varios funcionarios mexicanos. Estos fondos, según se alega, se utilizaron para pagar sobornos a cambio de contratos de obra pública en México y para financiar campañas en los estados con las tasas más altas de corrupción percibida.

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno español se incluye la revisión exhaustiva de contratos firmados por Acciona en Oaxaca durante la administración de Murat. El exgobernador ha negado todas las acusaciones y ha calificado las imputaciones como “infundadas y sin pruebas”. En un comunicado declaró:

“Estoy dispuesto a colaborar con cualquier investigación que se realice. Mi trayectoria siempre ha estado apegada a la legalidad y la transparencia”.

En el marco del proceso judicial en España, se han revelado algunas cifras relevantes relacionadas con este caso:

• Millones de euros habrían sido desviados por Acciona desde sus operaciones en Oaxaca.
• Se estima que al menos cinco campañas políticas habrían recibido financiamiento irregular.
• Un total de diez personas están bajo investigación formal, incluyendo altos directivos de la empresa y exfuncionarios mexicanos.

El caso ha generado gran atención en México, donde el tema de la corrupción sigue siendo un asunto prioritario tanto en la agenda mediática como gubernamental. El presidente mexicano, en recientes declaraciones, insistió en que las autoridades del país colaborarían con las investigaciones extranjeras para garantizar la justicia y la transparencia.

De momento, las acciones legales continúan en España, y tanto la empresa como los implicados mexicanos están bajo el escrutinio público, mientras se esperan resultados más concretos de las investigaciones en curso.