El sistema de videovigilancia en Culiacán ha sido severamente afectado por el crimen organizado, dejando a la ciudad vulnerable en términos de seguridad. Las autoridades locales han reconocido que una parte significativa de las cámaras instaladas han sido dañadas o desactivadas intencionalmente, dificultando la vigilancia efectiva en el área.

Impacto en la seguridad

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, explicó que la infraestructura de seguridad ha sido un objetivo constante para los grupos delictivos que operan en la región. La destrucción de cámaras de videovigilancia es una estrategia utilizada por estas organizaciones para evitar ser capturadas en video mientras llevan a cabo sus actos ilícitos.

Este problema no es aislado en Culiacán; es una manifestación más de la constante batalla entre las autoridades y el narcotráfico en Sinaloa. La falta de videovigilancia limita la capacidad de las fuerzas del orden para responder con rapidez a los incidentes delictivos y recopilar pruebas cruciales.

“Estamos trabajando en la reparación y reposición de las cámaras dañadas, pero el reto es considerable debido a la frecuencia y la extensión de los daños,” comentó Castañeda.

A pesar de los recursos invertidos en tecnología de vigilancia avanzada, el vandalismo y la destrucción intencionada continúan obstaculizando los esfuerzos de seguridad. La administración local está evaluando técnicas y estrategias alternas para fortalecer la vigilancia, incluyendo el aumento de patrullajes policiales y participación comunitaria.

En cifras, la situación es alarmante:

• Un 40% de las cámaras han sido destruidas o dañadas en los últimos meses.
• Más de 10 millones de pesos han sido destinados a la reparación y reposición de equipos.
• Se han registrado más de 50 incidentes de vandalismo contra equipo de vigilancia en lo que va del año.

La comunidad de Culiacán está preocupada por la falta de medidas efectivas para contrarrestar estos sabotajes y exige acciones más contundentes de las autoridades. La colaboración entre gobierno y ciudadanía es vista como una estrategia vital para enfrentar el desafío que presenta