La Ciudad de México enfrenta un nuevo conflicto en el centro histórico debido al desalojo ordenado por el propietario del inmueble ubicado en Izazaga 89. Este edificio, que alberga a decenas de familias desde hace más de cuatro décadas, ha sido centro de una disputa legal que ha atraído la atención pública y generado preocupación entre los inquilinos.

Desalojo en Izazaga 89

El propietario del edificio, respaldado por una orden judicial, ha iniciado el proceso de desalojo, alegando la necesidad de liberar la propiedad. Los residentes han expresado su incertidumbre y miedo ante la perspectiva de perder sus hogares. Muchos de ellos aseguran no tener a dónde ir y temen por su futuro.

Los inquilinos, quienes han vivido en este predio durante 40 años, se encuentran actualmente en una situación de vulnerabilidad. La autoridad judicial ha determinado que el desalojo procede debido a irregularidades en el uso del inmueble, pero las familias afectadas sostienen que no se les ha ofrecido ninguna alternativa viable de reubicación.

Una residente del edificio comentaba recientemente,

“No sabemos qué hacer ni a dónde ir. Nos están dejando en la calle sin ninguna solución.”

Esta situación ha provocado la intervención de varias organizaciones civiles que abogan por los derechos de los inquilinos más allá de las legalidades del caso. Exigen al gobierno de la Ciudad de México que garantice la protección de las familias y explore alternativas que les permitan acceder a una vivienda digna.

El conflicto en Izazaga 89 no es un caso aislado, sino parte de una problemática más amplia que afecta a muchas familias en el centro de la capital. La necesidad de regularización de predios y actualización de políticas de vivienda es cada vez más urgente.

Datos relevantes del caso:

• El edificio ha sido hogar de más de 50 familias por más de 40 años.
• El desalojo fue ordenado por las autoridades judiciales debido a irregularidades.
• No se han ofrecido alternativas de reubicación a los residentes.

Las autoridades de la Ciudad de México enfrentan un desafío significativo al buscar una solución que equilibre los derechos