El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y envió la minuta al Ejecutivo para su promulgación. Esta decisión ha sido motivo de amplias discusiones y genera preocupaciones entre defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil quienes advierten sobre los riesgos de aumentar el uso de la prisión preventiva.

Detalles de la reforma

Entre las principales modificaciones de esta reforma se encuentra la inclusión de nuevos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Actualmente, existen delitos específicos que justifican esta medida, pero con la nueva reforma, se añadirán más, buscando ampliar la capacidad del Estado para enfrentar ciertos tipos de crimen considerados de alto impacto.

Esta reforma ha sido respaldada por ciertos sectores del gobierno, que argumentan que es necesaria para combatir la inseguridad y el crimen organizado. Sin embargo, las críticas se centran en la posible violación de derechos fundamentales y el riesgo de encarcelar preventivamente a personas inocentes.

Los puntos principales de la reforma incluyen:

• Ampliación del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva.
• Mayor flexibilidad para jueces en la aplicación de esta medida.
• Enfoque en delitos de alto impacto y crimen organizado.

Varias organizaciones han expresado su preocupación por esta medida. Según ellas, la ampliación de la prisión preventiva podría saturar el sistema penitenciario y vulnerar el principio de presunción de inocencia.

“La prisión preventiva debe ser una medida excepcional, no la regla”, comentó un representante de una ONG defensora de derechos humanos.

Ahora, corresponderá al Presidente de la República evaluar la reforma y determinar su promulgación. Durante los debates legislativos, algunos senadores destacaron la importancia de acompañar esta medida con un fortalecimiento del sistema judicial para garantizar que se aplique de manera justa y equitativa.

Queda por ver cómo impactará esta reforma en el sistema judicial y en la situación de derechos humanos en México, un tema que sin duda seguirá generando debate en los próximos meses.