En un reciente desarrollo sobre la operación privada de plantas eléctricas, se ha revelado que una central de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en Nuevo León, operó durante un tiempo de manera que ha causado controversia. La planta, que genera electricidad a partir del ciclo combinado, estuvo funcionando por la libre en una situación que según expertos podría tener implicaciones económicas y de regulación.

Una operación fuera de normativa

La planta, que es propiedad de CFE, fue administrada por una empresa privada debido a un esquema de “Productor Independiente de Energía” (PIE). Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando se descubrió que las operaciones no se estaban llevando a cabo bajo las normativas establecidas, permitiendo que la empresa privada operara con menor supervisión gubernamental.

Según informantes, estas operaciones excepcionales se hicieron para cubrir la demanda eléctrica en momentos críticos. Sin embargo, esto ha suscitado preocupación entre las autoridades y el sector energético sobre las ramificaciones a largo plazo de dichas acciones.

“Esta situación podría sentar un mal precedente, donde las empresas privadas accedan a recursos nacionales sin el debido control”, comentó un experto en energía.

Los datos estadísticos sobre el sector energético en México reflejan la importancia de una adecuada regulación:

• México cuenta con más de 60 plantas de ciclo combinado.
• El 40% de la electricidad del país proviene de este tipo de plantas.
• Alrededor del 30% de la generación eléctrica en México es gestionada por operadores privados.

La CFE, por su parte, ha asegurado que esta situación no es la norma y que tomarán las medidas necesarias para garantizar que todas las operaciones se ajusten a los estándares y regulaciones pertinentes. Además, enfatizan que la seguridad y eficiencia en el suministro eléctrico siempre serán una prioridad.

El debate sobre el papel de la iniciativa privada en el sector energético de México continúa, con defensores que argumentan que es esencial para mejorar la infraestructura y servicios, mientras que los críticos abogan por mayor control estatal para proteger los recursos nacionales.