En recientes días, se ha denunciado un presunto abuso de autoridad por parte del diputado Sergio Mayer y la supuesta protección que ha recibido de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX). Diversas voces acusan a Mayer de aprovechar su posición política para influir en investigaciones y procedimientos legales en su beneficio.
Acusaciones contra Sergio Mayer
Las denuncias señalan que Mayer, también presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, ha ejercido presión sobre las autoridades para interferir en asuntos legales. Según diversas fuentes, esto incluye la manipulación de procesos y el abuso de poder para favorecer sus intereses personales y políticos.
Entre las acusaciones más graves se encuentran:
- Intervención en investigaciones judiciales.
- Presión a servidores públicos para recibir un trato preferencial.
- Uso indebido de recursos públicos.
La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha sido señalada por supuestamente brindar protección a Mayer, lo cual ha generado un fuerte descontento entre diversos sectores de la sociedad. Los críticos argumentan que la falta de imparcialidad en las investigaciones socava la confianza pública en las instituciones de justicia.
El abogado y activista social, Francisco Villa, expresó su indignación por la situación:
“Es inaceptable que alguien en una posición de poder utilice su influencia para evadir la justicia. Exigimos transparencia y un trato justo para todos los ciudadanos, independientemente de su cargo o estatus social.”
Por su parte, la PGJCDMX emitió un comunicado en el que aseguró que todas las investigaciones se llevan a cabo con imparcialidad y conforme a la ley, y que cualquier acusación de favoritismo será investigada a fondo. Sin embargo, las críticas continúan creciendo, y muchos piden una revisión exhaustiva de los casos en los que Mayer ha estado involucrado.
Mientras tanto, los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil han comenzado a movilizarse para exigir una mayor rendición de cuentas por parte de sus representantes y las autoridades encargadas de la justicia. La situación está en desarrollo, y se espera
