En un hecho violento que ha conmocionado a la política mexicana, el diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gabriel López Castillo, fue asesinado en el estado de Veracruz. El trágico suceso ocurrió el pasado domingo 22 de octubre, cuando López Castillo fue interceptado por hombres armados mientras viajaba en su vehículo por la carretera federal 145, en el tramo Sayula-Ciudad Alemán.
Las primeras investigaciones indican que se trató de un ataque directo al legislador, quien se dirigía a una reunión de trabajo en el municipio de Nopaltepec. Según testigos presenciales, los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo de López Castillo, causándole la muerte instantánea. Tras el ataque, los atacantes lograron huir del lugar.
Reacciones y Condena
Este lamentable hecho ha generado una ola de indignación y preocupación entre la comunidad política del país. Diversos funcionarios y líderes partidistas han condenado el asesinato y han exigido justicia. En un comunicado oficial, el dirigente nacional del PVEM manifestó su pesar y subrayó la urgencia de esclarecer el crimen:
“Este artero ataque contra uno de nuestros compañeros es inaceptable y exigimos a las autoridades que lleven a cabo una investigación exhaustiva para encontrar a los responsables y hacer justicia.”
Por su parte, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, también expresó su compromiso de colaborar con las instancias federales en la investigación de este caso violento. Invitó a la ciudadanía a aportar cualquier información que pudiera ayudar a capturar a los responsables.
- Gabriel López Castillo era diputado federal desde 2021.
- Se encontraba trabajando en proyectos de desarrollo sustentable en su región.
- Su carrera política incluía cargos a nivel municipal y estatal.
En el contexto actual de violencia que afecta a varias regiones del país, la seguridad de los representantes públicos se ha convertido en un tema de preocupación nacional. El asesinato de López Castillo resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para los servidores públicos e intensificar los esfuerzos para combatir la delincuencia organizada en México.
