La Cámara de Diputados en México aprobó recientemente la Ley Federal de Derechos, que incluye incrementos significativos en los pagos que las empresas mineras deben realizar al Estado. Esta reforma, respaldada principalmente por la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados, busca aumentar los ingresos del gobierno mediante el ajuste de las contribuciones en el sector minero.

Detalles de la reforma

El principal cambio reside en la elevación del porcentaje del derecho extraordinario sobre la actividad minera, que fue modificado del 7.5% al 8%. Este incremento se aplica sobre la diferencia positiva entre los ingresos atribuibles a la venta de minerales y las deducciones permitidas por la ley.

Además, se estableció un ajuste en el derecho especial, dirigido a aquellos que comercialicen oro, plata y platino, que dejarán de pagar el 0.5% para subir al 0.75%. Este derecho es adicional a lo que ya se estructura en la normativa anterior y representa un esfuerzo por recaudar un volumen mayor de recursos provenientes de las actividades extractivas.

• Incremento del derecho extraordinario: del 7.5% al 8%.
• Aumento del derecho especial para oro, plata y platino: del 0.5% al 0.75%.

Estas modificaciones fueron debatidas intensamente en el Congreso. Parte de la discusión se centró en las implicaciones económicas que estos cambios podrían tener sobre la competitividad del sector minero en México.

“Este ajuste es necesario para reflejar el valor real de los recursos que se extraen y asegurar que el país obtenga una justa retribución por su riqueza mineral,” argumentaron los partidarios del cambio.

No obstante, las voces opositoras a estos aumentos expresaron preocupación sobre el impacto que podrían tener en la inversión extranjera y el desarrollo de proyectos futuros en el sector. Algunos señalaron que el aumento de costos podría desalentar nuevas inversiones y poner al país en una desventaja competitiva frente a otras naciones mineras.

La reforma, que ahora pasa al Senado para su revisión, forma parte del paquete económico que el gobierno intenta implementar para el próximo ejercicio fiscal, con la expectativa de que genere ingresos adicionales