En un giro significativo en la investigación del ataque contra la diputada local del Congreso de la Ciudad de México, María Guadalupe Sánchez Barrios, las autoridades han detenido a tres personas que presuntamente estuvieron involucradas en el acto violento. El ataque ocurrió el pasado domingo, causando conmoción y preocupación entre la comunidad política y el público en general.
Detalles del incidente
El atentado tuvo lugar cuando Sánchez Barrios estaba saliendo de un evento en el que participaba. Los agresores, que aparentemente habían estado siguiendo a la diputada, abrieron fuego contra su vehículo, afortunadamente sin causar daños personales graves. Este ataque ha resaltado la creciente preocupación sobre la seguridad de los funcionarios públicos en la capital del país.
Las tres personas detenidas, cuyos nombres no han sido revelados, enfrentan cargos que incluyen tentativa de homicidio y posesión ilegal de armas de fuego. Las autoridades han señalado que continúan las investigaciones para determinar el motivo del ataque y si hay más implicados en el acto.
En relación a las acciones de las autoridades, el Fiscal a cargo del caso declaró:
“Estamos trabajando intensamente para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a todos los responsables. Este tipo de actos no tiene cabida en nuestra sociedad.”
El ataque contra la diputada Sánchez Barrios no es un incidente aislado, lo que ha generado un debate más amplio sobre la seguridad en la Ciudad de México y las medidas necesarias para proteger a los funcionarios públicos.
- Este es el tercer ataque contra políticos en la ciudad en lo que va del año.
- Un 45% de los políticos han reportado recibir amenazas.
- El 60% de estos incidentes han ocurrido en la capital.
La diputada, conocida por su trabajo en favor de los derechos de las minorías y con una trayectoria significativa en el ámbito social, ha agradecido el apoyo recibido y reafirmó su compromiso de continuar trabajando por los ciudadanos. La pronta respuesta de las autoridades y las recientes detenciones han dado un respiro, pero también han resaltado la necesidad urgente de medidas más rigurosas para garantizar la seguridad de las personas que ocupan cargos públicos.