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México refuerza el control estatal de CFE y Pemex para mejorar su eficiencia y asegurar recursos energéticos estratégicos en beneficio del país.
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CFE y Pemex adquieren categoría de empresas del Estado

El Senado de México ha aprobado una serie de reformas legislativas para otorgar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) la categoría de empresas públicas del Estado. Este cambio tiene como objetivo reforzar el papel estratégico de ambas instituciones en la economía nacional y garantizar su control por parte del Estado.

Detalles de la Reforma

Las reformas incluían modificar la Ley de Entidades Paraestatales y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Al ser consideradas como empresas públicas del Estado, CFE y Pemex tendrán un marco jurídico distinto que, según los legisladores, facilitaría la toma de decisiones con mayor autonomía.

Según datos presentados durante el debate en el Senado, uno de los objetivos principales es mejorar la eficiencia y gestión de estas empresas estratégicas y asegurar que operen con elevados estándares de transparencia. Además, se busca fortalecer su capacidad financiera para afrontar los retos del mercado energético global.

Los resultados de la votación fueron los siguientes:

  • Votos a favor: 75
  • Votos en contra: 28
  • Abstenciones: 2

El senador José Narro Céspedes, quien defendió la reforma, declaró:

“Es fundamental que CFE y Pemex mantengan el control estatal para asegurar que los recursos energéticos de México sean utilizados en beneficio de todo el pueblo.”

Por otro lado, algunos senadores de la oposición expresaron preocupaciones sobre la posible falta de competitividad y la efectividad en el manejo de estas entidades bajo el nuevo marco legal. Sin embargo, la Secretaría de Energía argumentó que con estas reformas se fortalecería la soberanía energética de México, asegurando el abastecimiento nacional de energía.

La aprobación de estas reformas refleja el compromiso del gobierno actual con un modelo de desarrollo que prioriza el control estatal sobre recursos estratégicos, en un contexto global donde el sector energético se enfrenta a numerosos retos y oportunidades.

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