Recientemente, un informe ha sacado a la luz una preocupante brecha de seguridad en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que fue alcanzado por un ciberataque relacionado con China. Según el Washington Post, esta intrusión comprometió la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una sección crítica encargada de la implementación y supervisión de sanciones económicas internacionales.

Detalles del incidente

La brecha de seguridad fue descubierta a inicios de enero, y aunque las autoridades aún están investigando el alcance total del incidente, hay una creciente preocupación sobre cómo esta infiltración podría haber impactado las operaciones del Departamento del Tesoro y, por ende, de toda la economía global. La OFAC juega un papel esencial en la estructuración de sanciones que tienen un impacto significativo en el comercio internacional y las relaciones diplomáticas.

El ciberataque fue inicialmente detectado por la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos (CISA), que se encuentra trabajando en estrecha colaboración con el Departamento del Tesoro para mitigar los efectos del ataque. Se están llevando a cabo esfuerzos importantes para identificar cómo los atacantes lograron acceder a información tan sensible.

Un portavoz del Departamento del Tesoro afirmó al respecto:

“Estamos comprometidos a proteger la integridad de nuestros sistemas y la información que manejamos. Continuaremos trabajando para asegurar nuestros recursos y tomar las acciones necesarias para prevenir incidentes futuros.”

En cuanto a los detalles técnicos y perfiles de los atacantes, el gobierno de Estados Unidos ha mantenido cierta reserva, pero se sabe que el grupo detrás del ataque tiene vínculos con entidades chinas. A continuación, se presentan algunas cifras destacadas de la situación:

• Alrededor de 30 servidores fueron comprometidos en el ataque.
• Se estima que podrían haber sido accedidos datos de hasta 100,000 transacciones.

El incidente subraya una vez más la vulnerabilidad crítica de las infraestructuras digitales gubernamentales ante actores malintencionados en el ciberespacio. Este tipo de ataques no solo pone en riesgo la seguridad nacional, sino que también desafía las estrategias de política internacional, especialmente en relación con países sujetos a sanciones.