En Ghana, los ciudadanos se han unido en línea para exigir justicia para quienes fueron arrestados durante protestas contra la minería de oro ilegal. La población está preocupada por los efectos adversos de la minería ilegal en el medio ambiente y la economía local.

Protestas y represalias

El 21 de septiembre de 2024, varios ciudadanos salieron a las calles para manifestarse en contra de la minería ilegal de oro, conocida localmente como “galamsey”. La policía respondió con arrestos masivos, lo que generó una ola de indignación en las redes sociales.

Según fuentes locales, las protestas se originaron en varias comunidades afectadas por la contaminación de los ríos y la destrucción del suelo fértil. Los manifestantes argumentan que la minería ilegal en Ghana está causando:

• Deforestación masiva
• Contaminación del agua
• Desplazamiento de comunidades rurales
• Pérdida de biodiversidad
• Problemas de salud pública

El activista Kofi Mensah, quien participó en las protestas, declaró:

“Estamos defendiendo nuestro derecho a un ambiente limpio y saludable. Es injusto que nos criminalicen por exigir lo que es justo”.

Las redes sociales jugaron un papel crucial en la movilización. Las etiquetas como #JusticeForProtesters y #StopGalamsey comenzaron a ser tendencia en Twitter, con ciudadanos y organizaciones no gubernamentales demandando la liberación inmediata de los detenidos.

Respuesta gubernamental

El gobierno ghanés, por su parte, ha afirmado que está tomando medidas para combatir la minería ilegal, pero los ciudadanos consideran que las acciones no son suficientes. Según informes, el presidente Nana Akufo-Addo declaró recientemente un estado de emergencia en las áreas más afectadas.

Algunas de las medidas adoptadas incluyen:

• Despliegue de fuerzas militares y policiales para desmantelar operaciones ilegales
• Iniciativas educativas sobre las consecuencias del “galamsey”
• Programas de reforestación
• Reformas legales para endurecer las penas contra los mineros ilegales

Sin embargo, los críticos argumentan que la corrupción y la falta de voluntad política han frenado estos esfuerzos. Las organizaciones de derechos humanos también han denunciado abusos por parte de las fuerzas de seguridad durante las operaciones de desmantelamiento.