En 2024, América Latina enfrentó varios cortes de Internet y bloqueos que afectaron la vida cotidiana de millones de personas. Estos eventos, a menudo conectados a crisis políticas y sociales, resaltan la dependencia creciente de la región hacia la conectividad digital.

Impacto de los cortes de Internet en la región

En varios países de América Latina, los cortes de Internet se han utilizado como una herramienta para silenciar a los disidentes y controlar el flujo de información. Por ejemplo, en enero de 2024, durante una serie de protestas en Venezuela, se informaron interrupciones significativas en el servicio de Internet. Las autoridades justificaron estas acciones citando preocupaciones de seguridad nacional.

En Cuba, la situación no fue diferente. En marzo, durante una manifestación importante para exigir reformas políticas, el acceso a las redes sociales y a las aplicaciones de mensajería fue severamente restringido. Un residente comentó:

“Es frustrante no poder comunicarte con tu familia o expresar lo que sientes en momentos tan críticos.”

Colombia también experimentó apagones digitales durante las elecciones presidenciales. Aunque el gobierno negó cualquier participación, los defensores de derechos humanos denunciaron la interferencia como una maniobra para controlar el resultado electoral.

• Cortes en Venezuela afectando múltiples ciudades.
• Restricciones en redes sociales en Cuba.
• Interferencias en las elecciones de Colombia.

En contraste, países como México y Argentina mostraron más estabilidad en términos de conectividad, lo que subraya las diferencias en la gestión de las redes de información a lo largo de la región. Sin embargo, los riesgos persistentes y la vulnerabilidad a los cortes de Internet resaltan la necesidad urgente de políticas más robustas que protejan el acceso a información y comunicación en toda América Latina.

En un mundo y una economía cada vez más digitalizados, el acceso a Internet no es solo una conveniencia, sino una necesidad fundamental. La comunidad internacional y los líderes locales deben trabajar en conjunto para asegurar que el acceso a la información no sea una herramienta de control sino un derecho garantizado para todos.