El Presidente del Senado de México, Martí Batres, ha criticado fuertemente la propuesta de someter a consulta popular la reforma judicial. Según Batres, esta acción equivale a un “golpe de Estado técnico” ya que atenta contra la autonomía de los poderes del Estado. Batres enfatizó que los procesos de reforma deben respetar la Constitución y las instituciones establecidas.

Contexto y Reacciones

La controversia surgió después de que se discutiera la posibilidad de que la ciudadanía decidiera, mediante una consulta, sobre reformas importantes en el ámbito judicial. Batres argumentó que cualquier reforma en esta materia debe ser hecha bajo un marco institucional adecuado y no a través de mecanismos que podrían desestabilizar el equilibrio de poderes.

“No se puede someter a consulta la vulneración de un poder del Estado. Es un golpe de Estado técnico. Tenemos que respetar nuestra Constitución y la forma en que se estructuran nuestras instituciones”, declaró Batres.

Batres, quien también es un destacado miembro de Morena, el partido gobernante, recordó que el poder judicial tiene un papel crucial en la democracia mexicana y que debe mantenerse independiente de las presiones externas. El Senador insistió en que el proceso de reformas debe seguir los canales legislativos debidos, los cuales están diseñados para garantizar un análisis exhaustivo y una deliberación cuidadosa.

El planteamiento de la consulta para la reforma judicial ha generado opiniones divididas en el ámbito político del país. Algunos sectores consideran que es una forma de acercar la voz del pueblo a decisiones cruciales, mientras que otros, como Batres, temen un riesgo potencial para la estabilidad institucional.

• La independencia judicial es un principio fundamental de la democracia.
• El proceso de reforma debe ser respetuoso de la Constitución.
• La propuesta de consulta es vista por algunos como un atentado contra el poder judicial.

En medio de estas tensiones políticas, el futuro de cualquier reforma judicial se sigue debatiendo intensamente dentro de las cámaras legislativas, donde se decidirá si se procede o no con la propuesta de consulta popular.