Durante los últimos días, ha surgido un ferviente debate en el ámbito político de México respecto a la propuesta para reformar la Ley de la Administración Pública Federal. Este debate se centra específicamente en la facultad prevista para nombrar y remover a titulares de diferentes organismos y órganos centralizados y descentralizados, atribuida a la Presidencia de la República, que algunos consideran un “superpoder”. La gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador está impulsando estas reformas, lo que ha generado diversas opiniones dentro y fuera del Congreso.

Propuesta de reforma constitucional

La presidencia busca que este cambio se eleve al nivel de una reforma constitucional. Según los defensores de la propuesta, esto permitiría centralizar y agilizar la administración pública federal, aunque los críticos temen que conlleve riesgos para la autonomía de los organismos afectados.

Mario Delgado, coordinador de Morena, ha expresado su apoyo señalando que este tipo de decisiones ayudaría a mejorar la burocracia. Sin embargo, la oposición, incluyendo partidos como el PAN, PRI y PRD, han manifestado su desacuerdo, alegando una posible concentración excesiva de poder.

Es fundamental garantizar la independencia de instituciones claves para el funcionamiento democrático de nuestro país, por lo que incrementar atribuciones presidenciales debe ser tratado con prudencia,

expresó un miembro de la oposición.

Entre los aspectos claves de esta propuesta se encuentran:

• Centralización del nombramiento y remoción de funcionarios clave.
• Posible reforma a nivel constitucional para hacer permanentes estos cambios.

Los críticos señalan que una concentración de potestades de tal magnitud podría desestabilizar el equilibrio de Poderes y vulnerar la protección de derechos a través de organismos autónomos. Por su parte, algunos abogados constitucionalistas han advertido sobre los retos legales que este tipo de propuesta podría enfrentar en las cámaras legislativas, en particular en el Senado, donde se requiere una mayoría calificada para reformas constitucionales.

El debate continúa con miras a un eventual consenso que garantice un equilibrio entre eficiencia administrativa y la preservación de la autonomía institucional. Sin embargo, el camino hacia una reforma constitucional de esta naturaleza parece aún incierto, dada la oposición fuerte que ha encontrado