En los últimos años, Argelia ha intensificado sus operaciones para deportar a migrantes del África subsahariana, lo que ha suscitado preocupaciones por la seguridad de estas personas. Organizaciones de derechos humanos han estado documentando casos alarmantes de deportaciones masivas, en las que miles de migrantes son abandonados a su suerte en el desierto del Sahara, una de las regiones más inhóspitas del planeta.

Un peligroso trayecto hacia la incertidumbre

La estrategia de Argelia de abandonar a los migrantes en el desierto ha sido condenada por diversas organizaciones no gubernamentales. Este procedimiento expone a las personas a condiciones climáticas extremas, sin acceso a agua, alimentos ni refugio. Muchos de los migrantes provienen de países del África subsahariana y han relatado experiencias de abusos y malos tratos antes de ser forzados a cruzar la frontera hacia Níger.

Según un informe de Médicos Sin Fronteras y otras ONG, al menos 25,000 migrantes han sido expulsados hacia el desierto desde 2020. Aunque Argelia defiende sus acciones aludiendo a la necesidad de regular la migración irregular, los críticos afirman que estas expulsiones son inhumanas y violan los derechos fundamentales de las personas afectadas.

Uno de los testigos relató: “Nos dejaron en medio de la nada, sin comida ni agua. Tuvimos que caminar durante días para encontrar ayuda”.

Testimonios como este han puesto de relieve las severas condiciones a las que se enfrentan los migrantes abandonados en el desierto. Muchas de las rutas utilizadas carecen de cualquier tipo de asistencia humanitaria o servicios de rescate, aumentando el riesgo de muertes por deshidratación y agotamiento.

Datos recolectados indican que:

• Más de 56,000 migrantes han sido detenidos en Argelia desde 2021.
• Cerca del 1.5% ha sufrido abusos físicos antes de la deportación.
• Un número indeterminado de migrantes ha desaparecido en el desierto.

Ante esta situación, organizaciones internacionales han llamado a Argelia a reconsiderar sus políticas y adoptar medidas que garanticen la seguridad y el bienestar de los migrantes, cumpliendo con las normativas internacionales de derechos humanos. Se enfatiza también la necesidad de cooperación regional para abordar la crisis migratoria de manera efectiva y humanitaria.