El robo de hidrocarburos es un problema persistente en México, afectando gravemente a la economía nacional. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Energía (AMDE) ha señalado que este ilícito representa pérdidas económicas significativas para el país, calculadas en aproximadamente 100 mil barriles diarios en promedio, lo que equivale a millonarias cifras anuales.
Impacto económico en cifras
Las cifras proporcionadas por la AMDE son alarmantes, y muestran el alcance del problema en términos económicos:
- Pérdida diaria estimada: 100 mil barriles de petróleo.
- Pérdida anual: Se estima en miles de millones de dólares.
- Impacto fiscal: Disminución en la recaudación de impuestos relacionados con los hidrocarburos.
Este fenómeno no solo afecta las arcas del Estado, sino también distorsiona el mercado energético, impactando la operación de las empresas del sector y encareciendo el costo para consumidores y usuarios finales. Aumenta la inseguridad en las zonas afectadas por este delito, siendo un factor de riesgo adicional para las comunidades locales.
El presidente de la AMDE, Juan Sánchez, enfatizó la importancia de intensificar las medidas de seguridad y acciones gubernamentales para combatir el robo de combustible. Durante su intervención, afirmó:
“Esta situación no solo representa un problema económico, sino también un desafío significativo para la seguridad nacional y el bienestar de las comunidades. Necesitamos políticas efectivas y colaboración entre todos los sectores involucrados para frenar esta actividad ilegal.”
El llamado de la AMDE es a fortalecer tanto la infraestructura de seguridad en los ductos de petróleo como las estrategias de seguimiento y prevención de actividades ilícitas. La cooperación entre los distintos niveles de gobierno y el sector privado es esencial para reducir el robo de hidrocarburos.
Con estas medidas, se espera no solo frenar las pérdidas económicas, sino también generar un entorno más seguro y justo para la distribución y consumo de energía en México. La lucha contra el robo de hidrocarburos sigue siendo una prioridad en la agenda nacional, requiriendo esfuerzos concertados y sostenidos para mitigar sus efectos negativos en la economía y la
