En una sesión que se prolongó hasta altas horas de la madrugada, el Congreso ha aprobado una controvertida reforma que elimina la autonomía de varios órganos reguladores en México, incluyendo los que supervisan la libre competencia. Este cambio ha generado inquietudes tanto en la comunidad empresarial como entre expertos en regulaciones económicas.

Reforma a órganos autónomos

La reforma, impulsada por el partido en el poder, busca centralizar las funciones regulatorias en una nueva Autoridad Nacional de Libre Competencia. Los defensores de la medida argumentan que una estructura más centralizada mejorará la eficiencia y reducirá la duplicidad de funciones. Sin embargo, críticos señalan que la falta de independencia podría comprometer la eficacia de la regulación y aumentar la influencia política en decisiones técnico-económicas.

Esta decisión ha sido recibida con reacciones mixtas por parte del sector privado y analistas económicos, quienes temen que la concentración de poder en una sola entidad afecte las condiciones de competitividad en el país. Un experto en el tema expresó:

“La autonomía de los reguladores era clave para asegurar un campo de juego justo para las empresas. Esta reforma pone en riesgo ese equilibrio indispensable.”

Esta modificación estructural ha sido ampliamente discutida en los medios y analizada desde diversas perspectivas. Los números detrás de esta reforma son significativos:

• Se eliminarán al menos tres organismos autónomos.
• Las funciones de estos organismos serán absorbidas por la nueva autoridad.
• Se estima que esta medida afectará a más de 500 empleados que laboran en dichos organismos.

La comunidad internacional también ha expresado su preocupación, sugiriendo que el cambio podría repercutir en la inversión extranjera, dado el temor de un entorno regulatorio menos predecible. A pesar de estas preocupaciones, el Gobierno mantiene su posición, argumentando que la reforma permitirá una mayor cohesión y alineación con las metas estratégicas del país.

En resumen, la desaparición de estos órganos autónomos y la creación de una entidad centralizada representan un giro significativo en la política de supervisión económica en México, cuyas repercusiones aún están por verse en el mercado y la economía nacional.