En México, las fiscalías enfrentan un serio desafío: más de dos millones de carpetas de investigación permanecen abiertas. Según datos recientes, estas instituciones no han logrado cerrar el 79% de los casos iniciados durante los últimos años, lo que revela un sistema abrumado y ineficaz.

Una sobrecarga de casos

Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que del total de casos registrados en 2017, solamente un pequeño porcentaje ha sido resuelto. Este atasco evidencia la falta de recursos, personal y estrategias eficientes para procesar la enorme cantidad de denuncias que llegan diariamente a las fiscalías del país.

• 2 millones de carpetas de investigación abiertas.
• 79% de los casos siguen sin resolverse.

De acuerdo con expertos en justicia penal, la lentitud en el procesamiento de los casos impacta negativamente en la percepción pública sobre la eficacia de las instituciones de justicia. Además, los retrasos prolongan el sufrimiento de las víctimas y fomentan la impunidad. En muchos casos, los delitos quedan sin castigo, lo que debilita la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.

Un factor que contribuye a esta problemática es la falta de recursos. Las fiscalías operan con presupuesto y personal insuficientes para hacer frente a la carga de trabajo. Esto lleva a una saturación en el sistema que compromete la calidad y la rapidez de los procesos penales. Un representante de una organización de la sociedad civil comentó al respecto:

“Es crucial que las autoridades busquen soluciones integrales, no solo para mejorar la eficiencia, sino también para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia que merecen.”

La necesidad de reformas estructurales y un aumento significativo en la asignación de recursos son medidas vistas como urgentes por analistas y activistas. Sin una respuesta decidida por parte del gobierno, la crisis en el sector judicial seguirá afectando la seguridad y el tejido social del país.