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La complicidad entre franeleros y policías en CDMX desafía la legalidad, generando un ambiente de impunidad y frustración entre los ciudadanos.
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Franeleros y policías: desafío a la legalidad en CDMX

En la Ciudad de México, los franeleros continúan desempeñando su labor de manera visible e incluso con cierto respaldo de algunas autoridades locales. Estos elementos autónomos, que ofrecen espacios de estacionamiento a cambio de propinas, encontraron apoyo inesperado por parte de algunos policías capitalinos, lo que ha generado polémicas sobre la legalidad y la relación existente entre estos grupos y las fuerzas del orden.

La complicidad entre franeleros y policías

En diferentes puntos de la ciudad, es frecuente ver cómo los franeleros ocupan espacios en la vía pública para luego asignarlos a los automovilistas, a quienes solicitan una cuota voluntaria. Sin embargo, las denuncias ciudadanas señalan que algunos policías no solo ignoran esta práctica, sino que incluso auxilian a los franeleros al desviar el tráfico vehicular para facilitar su actividad.

A pesar de que la ley de cultura cívica de la Ciudad de México considera que apartar lugares en la vía pública es una infracción, esta parece no aplicarse de manera efectiva en muchos casos. La complicidad entre ciertos elementos de la policía y los franeleros se ha convertido en un reto para quienes defienden el orden y la legalidad en las calles.

Un habitante de la capital manifestó su frustración con la situación, diciendo:

“Es increíble ver cómo los policías, que deberían poner orden, en cambio facilitan el trabajo de los franeleros. Esto crea un ambiente de impunidad.”

Según estadísticas recientes, se estima que en la Ciudad de México hay entre:

  • 15,000 y 20,000 franeleros operando en diferentes delegaciones.
  • Un aumento del 5% en los últimos años en esta actividad informal.

Las autoridades locales han anunciado previamente distintos operativos para contener esta práctica, pero la efectividad y consistencia de estos han sido cuestionadas por diversos sectores de la sociedad civil. Se subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y sanción para garantizar que las reglas se apliquen adecuadamente y fomentar una cultura de legalidad.

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