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La Cámara de Diputados aprobó la reforma para transferir el control de la Guardia Nacional a la Sedena, generando un acalorado debate sobre la militarización y la seguridad pública.
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Guardia Nacional pasa a control militar: impacto y debate

La Cámara de Diputados aprobó la reforma que transfiere el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La votación resultó en 264 votos a favor, 212 en contra y una abstención.

Detalles de la reforma

Con esta reforma, se busca que el mando de la GN permanezca en el ámbito militar, lo cual ha generado debates tanto dentro como fuera del recinto legislativo.

La propuesta, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sostiene que la inclusión de la Guardia Nacional bajo el mando de la Sedena fortalecerá su disciplina, regirá su actuación conforme a los principios de objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, y garantizará el respeto a los derechos humanos.

La votación se desarrolló en un ambiente tenso debido a las diferencias de opiniones entre los distintos grupos parlamentarios. En su intervención, la diputada priista Cynthia López Castro afirmó que la medida va en contra de la Constitución y debilita el rol civil en las funciones de la seguridad pública.

“Es un retroceso para la democracia y la seguridad de nuestro país”, señaló López Castro.

Entre los diputados que votaron en contra, se argumentó que la reforma militariza aún más al país y deja de lado la creación de una verdadera policía nacional de carácter civil, tal como lo establece la Constitución.

Votaciones y posiciones

El detalle de la votación fue el siguiente:

  • 264 votos a favor
  • 212 votos en contra
  • 1 abstención

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma será turnada al Senado de la República, donde se espera que también sea discutida con profundidad.

El presidente López Obrador ha reiterado que esta medida es necesaria para garantizar la paz y la seguridad en todo el territorio nacional. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y activistas de derechos humanos han expresado su preocupación sobre el incremento de la presencia militar en tareas de seguridad pública.

Con este movimiento, el Ejecutivo federal reafirma su estrategia de seguridad basada en la participación de las fuerzas armadas

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