En un esfuerzo por armonizar las políticas fiscales entre los estados del centro del país, el Gobierno de la Ciudad de México busca homologar el cobro de la tenencia vehicular con las entidades vecinas del Estado de México y Morelos. Esta medida tiene como objetivo simplificar el proceso para los propietarios de vehículos y mejorar la recaudación fiscal en la región.
Propuesta de Armonización Fiscal
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, declaró que la intención es crear un marco fiscal equitativo que evite el “brinco” o cambio de matrícula de un estado a otro. Este fenómeno ocurre cuando los propietarios de automóviles cambian sus placas para aprovechar diferencias en los costos de la tenencia vehicular.
Actualmente, existe una diferencia notable en los montos de pago de tenencia entre estas entidades, lo cual se traduce en una falta de uniformidad que afecta tanto a los contribuyentes como a la hacienda pública.
“Estamos en pláticas con las autoridades de Estado de México y Morelos para llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes involucradas”, mencionó Batres.
El plan busca crear un sistema donde los costos estén alineados, eliminando así las disparidades que llevan a la evasión fiscal. Esta iniciativa también contempla facilitar los trámites de cambio de residencia y de placas vehiculares, promoviendo una cooperación más estrecha entre las administraciones estatales.
Según datos del Gobierno de la Ciudad de México, los beneficios esperados incluyen:
- Mejora en la recaudación fiscal regional.
- Reducción de trámites administrativos para los ciudadanos.
- Reducción en la evasión fiscal por cambios de matrícula.
Por su parte, expertos en economía han resaltado que esta medida podría facilitar la movilidad de los ciudadanos al evitar la complejidad de tener que entender distintas normativas dependiendo del estado en el que se encuentren.
Las autoridades han llamado a mantener un diálogo abierto y continuo para abordar cualquier inquietud que surja durante este proceso de armonización. Se espera que las negociaciones resulten en una propuesta equilibrada que satisfaga tanto a las administraciones estatales como a los ciudadanos.