La administración actual en México, conocida como la Cuarta Transformación (4T), ha tomado medidas significativas que han cambiado el panorama institucional del país. En un esfuerzo por centralizar funciones y reducir el gasto público, se ha procedido a la desaparición de varios organismos autónomos.

Organismos desaparecidos

Desde el inicio del gobierno de la 4T, han sido abolidos siete organismos. Estas decisiones se han tomado bajo la premisa de eliminar duplicidades y optimizar recursos. A continuación, se detallan los organismos que han sido desaparecidos:

• Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), un fideicomiso encargado de gestionar los recursos destinados al apoyo en situaciones de emergencia causadas por desastres naturales.
• Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), responsable de la promoción del país como destino turístico a nivel mundial.
• ProMéxico, un organismo dedicado a la promoción de exportaciones y atracción de inversión extranjera.
• Subsecretaría de Gobernación, que cubría temas de derechos humanos entre otros.
• El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), que velaba por los derechos de las personas con discapacidad.
• El Consejo Consultivo de Política Migratoria, enfocado en las políticas de migración en México.
• El Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), que evaluaba la calidad del sistema educativo nacional.

El argumento principal del Gobierno es que muchos de estos organismos representaban un gasto innecesario para el Estado. Sin embargo, la desaparición de estos grupos ha sido motivo de controversia.

El presidente, en diferentes ocasiones, ha mencionado la importancia de “austeridad” y dedicación de los recursos públicos a los programas sociales. Refiriéndose a estas medidas, ha declarado:

“Es una forma de avanzar hacia una administración más eficiente, sin cargas innecesarias para el erario público.”

Por otro lado, los detractores de esta política señalan que la desaparición de estos organismos podría debilitar áreas importantes en el gobierno, como la transparencia, la educación y los derechos humanos