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CJF y Jufed rechazan medidas policiales excesivas; abogan por proteger la libre manifestación y fortalecer la confianza en el sistema judicial mexicano.
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Inconformidad Judicial por Operativo Policial en Protestas Pacíficas

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) junto con la Asociación Nacional de Juezas y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) han manifestado su inconformidad por el operativo implementado por fuerzas de seguridad durante una protesta que tuvo lugar frente a la sede del Poder Judicial en la Ciudad de México.

Reacciones de las autoridades judiciales

El CJF y la Jufed consideraron la presencia policial como excesiva y desproporcionada en una manifestación que, según indicaron, era pacífica. En un comunicado, ambas entidades expresaron su rechazo al empleo de tácticas que intimidan a la ciudadanía y vulneran el derecho a la libre manifestación.

El Consejo de la Judicatura Federal detalló que las manifestaciones son un derecho constitucional que debe ser respetado, indicando que

“cualquier expresión pacífica del descontento es legítima y debe ser salvaguardada por las autoridades”.

La Jufed también manifestó su preocupación respecto al impacto que este tipo de actos tiene sobre la percepción pública del sistema judicial y destacó la importancia de preservar el estado de derecho en México.

Entre las preocupaciones señaladas por las organizaciones se encuentran:

  • Exceso en el despliegue de fuerzas de seguridad
  • Intimidación a manifestantes pacíficos
  • Riesgo de violación a derechos constitucionales
  • Pérdida de confianza en las instituciones judiciales

Por su parte, miembros del Poder Judicial reiteraron su compromiso con la transparencia y el respeto a los derechos humanos, enfatizando que las críticas y demandas de la sociedad civil son un componente esencial para el funcionamiento adecuado de la democracia.

Este evento ha generado un debate importante sobre los límites y responsabilidades de las fuerzas del orden en contextos de manifestación pública, así como sobre el rol del poder judicial en la defensa de las garantías individuales en el país.

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