El Partido del Trabajo (PT) ha anunciado que presentará un juicio político contra ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este anuncio se da tras el fallo en contra del plan B, impulsado por el Ejecutivo Federal para reformar la estructura electoral del país.
Acusaciones de Rebeldía
Los ministros han sido acusados de actuar con rebeldía, al declarar inconstitucional el Plan B de la reforma electoral. Manuel Rodríguez, miembro destacado del PT, argumentó que estos ministros han rebasado sus atribuciones legales y han actuado en contra de los intereses del pueblo y de la democracia mexicana.
Rodríguez afirmó que el juicio político busca restablecer el orden constitucional y asegurar que los integrantes del Poder Judicial actúen conforme a su mandato. En sus palabras, el actuar de la Suprema Corte ha sido un intento directo de bloquear las reformas estructurales propuestas por el gobierno legítimamente electo.
“Es necesario poner un alto a los ministros que actúan en complicidad con los intereses de las élites, ignorando el mandato popular”, afirmó Rodríguez.
La propuesta del juicio político sostiene que es imperativo proteger la soberanía del pueblo y fortalecer la democracia mediante un juicio a los ministros que han fallado en su deber. Esta acción ha generado intensos debates sobre el papel del Poder Judicial en la política y la administración de justicia en el país.
El Plan B, que fue rechazado por la SCJN, buscaba implementar cambios en las reglas electorales que, según sus proponentes, harían los procesos más eficientes y transparentes. Sin embargo, la corte determinó que algunos de estos cambios violaban los principios constitucionales.
El juicio incluirá, pero no se limitará a, las siguientes acusaciones contra los ministros:
- Rebeldía ante la Constitución.
- Actuar en contra de los intereses democráticos del país.
- Complicidad con intereses ajenos al bien común.
Finalmente, queda por ver cómo reaccionará la SCJN y cuál será el impacto político de este juicio conforme avanza el proceso. Este conflicto pone en el centro del debate la separación de poderes y
