El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha presentado ante el Congreso una serie de logros de su administración, entre los que destaca una reducción significativa de la violencia en el país. Sin embargo, en medio de estas proclamaciones, han surgido serias preocupaciones sobre la libertad de prensa y los derechos humanos en su gobierno.
Reducción de la criminalidad
Bukele afirmó que los esfuerzos de su gobierno han reducido drásticamente la tasa de homicidios en el país, manteniendo que ahora El Salvador es un lugar mucho más seguro para vivir y visitar. Según los datos presentados, la disminución en los delitos graves es notoria.
- Tasa de homicidios: reducción del 60% desde 2019.
- Incidentes de robo: disminución del 45% en los últimos dos años.
- Secuestros: prácticamente erradicados, con menos de cinco casos reportados en 2023.
Este enfoque en el mejoramiento de la seguridad ha sido bien recibido por muchos ciudadanos que durante años vivieron con miedo debido a las altas tasas de criminalidad.
No obstante, las celebraciones por estos logros se ven empañadas por serias inquietudes sobre el tratamiento a la prensa y la represión a voces disidentes dentro del país. Organizaciones internacionales han expresado su preocupación por un aparente incremento en las restricciones a la libertad de expresión bajo la administración de Bukele.
“Hemos visto ataques dirigidos a periodistas y medios que critican al gobierno. Esto genera un ambiente hostil para el ejercicio del periodismo”, manifestó un representante de una reconocida organización de derechos humanos.
Los críticos argumentan que el gobierno de Bukele ha adoptado tácticas que socavan las leyes democráticas y amenazan la libertad de prensa. Además, han señalado que las políticas adoptadas permiten el control estatal de las narrativas informativas, limitando el alcance de reportajes críticos hacia la administración.
Bajo este contexto, aunque los éxitos en seguridad son importantes, es crítico para el futuro de El Salvador abordar las preocupaciones relativas a los derechos fundamentales de sus ciudadanos, garantizando así un desarrollo integral y sostenible.
