El asesinato del diputado local Othón Hernández Candanedo ha conmocionado al estado de Veracruz y ha generado un llamado urgente por parte de diversos actores políticos para que se haga justicia. Hernández Candanedo fue asesinado a balazos en la localidad de El Espinal, ubicado en el mismo estado, en un incidente que ha dejado perpleja a la comunidad y ha exacerbado las preocupaciones sobre la seguridad en la región.

Clamor por justicia y seguridad

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, lamentó profundamente el asesinato y aseguró que las investigaciones para esclarecer los hechos ya están en marcha. El ataque contra el diputado, quien pertenecía al partido Acción Nacional (PAN), ha sido condenado de manera unánime tanto por su partido como por otros actores políticos, quienes exigen que se encuentren y castiguen a los responsables de este crimen tan brutal.

La presidenta del PAN, Xóchitl Gálvez, señaló con firmeza que este asesinato no puede quedar impune, exigiendo acciones rápidas y contundentes por parte de las autoridades federales y estatales. En sus palabras, mencionó que lo ocurrido es un reflejo de la grave crisis de seguridad que vive el país.

En un país donde siguen multiplicándose los ataques a políticos, no podemos seguir tolerando actos de violencia que buscan desestabilizar a nuestras instituciones democráticas.

Las cifras sobre la violencia contra políticos y servidores públicos son alarmantes, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de acciones concretas para proteger la vida de quienes ejerciendo funciones políticas enfrentan amenazas y ataques. La situación en Veracruz es especialmente preocupante.

• De enero a octubre de 2023, se registraron más de 20 asesinatos de actores políticos en México.
• Veracruz es uno de los estados más afectados por la violencia política con varios incidentes en los últimos meses.

El clima de inseguridad en el estado ha llevado a la sociedad civil y a diversas organizaciones a exigir a las autoridades que se implementen medidas más efectivas para proteger a los funcionarios públicos y garantizar la seguridad en general. La esperanza de muchos es que el caso del diputado Hernández Candanedo marque un antes y un después en el actuar de las