El Gobierno mexicano ha presentado una propuesta legislativa que busca regular las condiciones laborales de repartidores y conductores que trabajan para plataformas digitales, como Uber y Rappi. Esta iniciativa responde a la creciente preocupación por los derechos laborales de miles de trabajadores en el país.
Detalles de la propuesta
La propuesta pretende que las empresas de plataformas digitales asuman responsabilidades similares a las de empleadores tradicionales. Entre las medidas contempladas se encuentra el otorgamiento de prestaciones sociales básicas a los trabajadores, tales como acceso a seguridad social y primas de riesgo.
- Acceso a seguridad social
- Primas de riesgo
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha subrayado la importancia de garantizar condiciones laborales justas para quienes laboran en este tipo de economía, que ha crecido considerablemente en los últimos años. La titular de la STPS mencionó la necesidad de alinear los derechos laborales con los avances tecnológicos.
“No podemos permitir que la tecnología avance a costa de los derechos de los trabajadores”, afirmó la secretaria.
El documento también establece que las plataformas deberán proporcionar equipos de protección personal, como cascos y chalecos, para aquellos que se desempeñan en tareas de reparto.
- Provisión de equipos de protección personal: cascos y chalecos
- Condiciones de trabajo seguras
Esta iniciativa ha sido bien recibida por diversas organizaciones laborales que durante años han señalado la precariedad de las condiciones de trabajo en este sector. Sin embargo, algunas empresas han manifestado su preocupación por el impacto económico que podrían tener estas medidas en sus modelos de negocio.
El Gobierno espera iniciar un diálogo constructivo con las plataformas para lograr una implementación efectiva de la reforma. Se ha invitado a sindicatos, asociaciones de trabajadores y representantes de las plataformas para participar en mesas de trabajo y contribuir con sus perspectivas y experiencias.
Esta regulación podría marcar un precedente en la definición de derechos laborales en la economía digital, brindando mayor certeza y situación de seguridad para miles de trabajadores en México.