En México, 9 de cada 10 aspirantes a juez han decidido competir bajo la ruta impulsada por Morena, el partido político actualmente en el poder, según revelan datos recientes. Esta tendencia se ha intensificado luego de que Morena propusiera cambios significativos en el proceso de selección de jueces, lo cual ha generado un debate en el país sobre la transparencia y la imparcialidad de dichas reformas.

Aumento en la Competencia

El interés por formar parte de la judicatura a través de este nuevo mecanismo de selección se ha disparado. Se reporta que, de todos los candidatos que han iniciado su proceso para convertirse en juez en los últimos meses, el 90% ha optado por esta nueva vía propuesta por el partido gobernante. Los analistas sugieren que este fenómeno podría estar relacionado con las recientes modificaciones legislativas que proponen una mayor intervención del poder ejecutivo en el nombramiento de jueces.

Entre los cambios más significativos se incluyen:

• La implementación de un examen único diseñado por una comisión nombrada por Morena.
• La eliminación de ciertas etapas del proceso anterior consideradas por algunos como filtros innecesarios.
• La inclusión de criterios de evaluación que priorizan ciertos perfiles profesionales y educativos.

Criticos de esta nueva ruta argumentan que estos cambios podrían comprometer la independencia judicial, un pilar esencial en cualquier democracia. Sin embargo, defensores del modelo morenista aseguran que el nuevo sistema es más ágil y justo.

“Este nuevo proceso nos permitirá seleccionar a los candidatos más capacitados y comprometidos con la justicia social”, afirmó un portavoz de Morena.

Por otro lado, expertos en derecho han expresado su preocupación sobre cómo estos cambios podrían afectar la percepción pública de la imparcialidad de los jueces seleccionados. Según ellos, es esencial garantizar que el proceso de selección se mantenga libre de influencias políticas indebidas para preservar el Estado de derecho.

El tema sigue siendo objeto de intenso debate en México, mientras que el gobierno busca implementar estas reformas asegurando que son esenciales para una administración de justicia más efectiva y equitativa.